Desarrollo de los alegatos en el juicio oral por el “Plan Cóndor”

Se estima que los alegatos se prolongarán por varios meses, y que las audiencias se realizarán los días martes y viernes, y ocasionalmente los días lunes.

El pasado viernes 5 de junio del presente año comenzó el segundo tramo de la causa conocida públicamente como “Plan Cóndor” y “Automotores Orletti” llevada a cabo por el Tribunal  Argentino Oral Federal N° 1 de la Capital del país. Durante esta segunda etapa lo que se desarrolla son los alegatos de las partes, donde la parte querellante pide condenas para los 18 acusados tanto por los casos de privaciones ilegales de libertad como por formar parte de una asociación ilícita.

El “Plan Cóndor” -u “Operación Cóndor”- es el nombre que se le dio a la coordinación  de acciones de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América, o bien, dicho en otros términos, es la organización concertada por acuerdo criminal “destinada a la comisión de ilícitos -entre otros la desaparición forzada de personas- concertado por varios estados miembros (Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay) en cuyos territorios se comisionaban los injustos”, tal como señala  la causa Jorge Videla y otros s/Privación Ilegal de la Libertad Personal y otros”

Esta organización implicó, fundamentalmente, secuestro ilegal de personas, desaparición, muerte y/o tormento, ello sin importar los límites territoriales o nacionalidades de las víctimas. Asimismo esta operación fuellevada a cabo por más de diez personas, y por más de un oficial o suboficial de las fuerzas armadas o de seguridad.

El antes dicho acuerdo criminal fue reconocido indirectamente por el Departamento de los Estados Unidos al entregarse al Estado Argentino una copia autenticada de una comunicación cursada por Robert Scherrer, en su calidad de Agente Regional del FBI al Director del mencionado departamento, explicando los diferentes aspectos del plan, el cual constaba de realizar operaciones conjuntas contra las víctimas, supuestamente blancos terroristas, principalmente en la Argentina, siendo el objetivo de la “Operación Cóndor” la obtención, intercambio y ordenamiento de la información de inteligencia concerniente a izquierdistas, comunistas y marxistas para eliminar sus actividades en América del Sur. Adicionalmente se preveían operaciones conjuntas contra víctimas en todos los países miembros, incluyendo estas operaciones también el traslado de las víctimas de un país a otro.

Frente a este contexto  en 1999 se inició la causa “Plan Cóndor” y “Automotores Orletti”, la cual, en el año 2013, arribó Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital. Este tribunal se encuentra integrado por los Dres. Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Gustavo Laufer, y como Juez Sustituto el Dr. Ricardo Ángel Basílico y durante su etapa probatoria recibió 222 declaraciones testimoniales, la gran mayoría por el sistema de videoconferencia en los Consulados Argentinos situados en el extranjero.

Actualmente el juicio se encuentra en su segunda etapa programada, la cual  partió el pasado 5 de junio con los alegatos de las partes, comenzando el día martes 22 del presenta año la alegación chilena. Tal como manifestó el fiscal Pablo Ouviña, hay un consenso entre la querella y la fiscalía sobre la existencia y desarrollo de la operación y la forma en la que se desdibujaron las fronteras para propiciar un plan criminal en una operación de inteligencia. El propósito de lo que ha significado este juicio es probar la asociación ilícita y la estructura de organización entre gobiernos y servicios de inteligencia, junto con el rol de conocimiento y apoyo dado por el gobierno de Estados Unidos. En cuanto a las penas solicitadas por la querella, las podemos resumir en tres puntos centrales:

-Prisión perpetua para Santiago Omar Riveros y Miguel Ángel Furci.

-25 años de prisión para Reynaldo Benito Bignone, Eduardo Samuel De Lío, Humberto José Román Lobaiza, Enrique Braulio Olea, Luis Sadi Pepa y Rodolfo Emilio Feroglio.

-20 años de prisión para Carlos CaggianoTedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Bernardo José Menéndez, Eugenio GuañabensPerelló, Felipe Jorge Alespeit, Manuel Cordero Piacentini, Néstor Horacio Falcón, Federico Antonio Minicucci y Juan Avelino Rodríguez.

La magnitud de este juicio de lesa humanidad es sin duda histórico, no sólo desde el punto de vista del amplio despliegue que se necesita sobre todo en materia probatoria, sino que muy fundamentalmente por la figura legal que representa. La etiqueta “crímenes de lesa humanidad” surge a partir del estatuto del Tribunal de Núremberg, creado principalmente para determinar y sancionar las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos durante la segunda guerra mundial. Por crímenes de lesa humanidad se entiende el “asesinato, exterminio, esclavización, deportación u otras acciones inhumanas, cometidas contra una población civil antes de, o durante la guerra, y la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos”, lo cual resulta interesante, pues no se trata de castigar la naturaleza del delito, sino únicamente la elección de las víctimas, que en este caso son militantes de izquierdas del cono sur en un contexto de guerra fría.

En América Latina el enjuiciamiento por los crímenes de lesa humanidad pocas veces ha alcanzado la amplitud del proceso actual llevado a cabo por el país vecino, pues este impone un desafío mayor, ya que, ya no solo se trata de atribuir culpas individuales por determinados delitos a los miembros de una organización criminal, sino que también trata, como bien explica Claus Roxin tras el juicio de Eichmann en Jerusalén, de una minuciosa distribución de mayores “culpas” según funciones y ejercicio de poder: “dominio del hecho”. De manera tal que, frente al caso concreto, el sistema penal escogerá de todos los autores de hechos punibles a aquellos a los que tiene capacidad de probar y juzgar su efectiva participación en el hecho para cumplir con las exigencias del principio de culpabilidad. Ahora, cuando se trata de este tipo de crímenesel fin de prevención de la pena puede transformarse en retribución y merecimiento, de manera tal que la figura del juez puede confundirse con la del historiador que para hacer más comprensible un conflicto atribuye la culpa  a unos pocos, más allá de los estrictos merecimientos individuales. Así entonces, con este concepto de distribución de culpas mayores, podemos ver que el enjuiciamiento por este tipo de crímenes sobrepasa al derecho desbordando sus principios y garantías de técnicas de imputación penal al conectarlo con la filosofía y la moral, lo cual deja abierta la posibilidad de resolver el problema de la culpa de un modo que, si bien,es o puede ser reparador de las relaciones sociales con un objetivo de reconciliación, no deja de prescindir del reproche público del culpable y de la venganza pública que significa la ejecución de una pena.

Ante ello, sin duda que es digno el reconocimiento de juicios históricos como este, sin embargo, no podemos pretender que el problema queda cerrado luego del enjuiciamiento. Las figuras legales, las normas jurídicas, nunca podrán cubrir la totalidad de los compartimientos, la acción humana es inabarcable e impredecible, y si bien, se pueden desde luego generar modelos del deber ser, y ser estos justificados desde la convención, desde la intencionalidad colectiva de asignar funciones, de asignar estatus a determinados comportamiento, jamás la ejecución de penas, jamás la ley o el derecho podrán erradicar conductas contrarios a la humanidad, de manera que procesos penales como este no bastan, siendo necesaria entonces la reflexión acerca nuestras acciones, de nuestra condición humana, pues muchas veces en los enjuiciamientos de esta clase de crímenes, etiquetados como de lesa humanidad, lo que hay, como bien expresa Hannah Arendt, es la exigencia a los seres humanos de tener la capacidad de distinguir lo justo de lo injusto, incluso cuando para su guía solo pueden valerse de su propio juicio, que es idéntico, en cuanto al mando y obediencia, al de aquellos otros que siguieron fieles a los mandatos, llevándolo a este caso, de la asociación ilícita. Con esto, el problema no se trata solamente de una conducta particular en un momento determinado, sino de una conducta generalizada de mando y obediencia llevada muchas veces a su extremo, banalizando el mal, como diría Hannah Arendt, aceptando órdenes “inmorales”, que cualquier miembro de la sociedad puede recibir. Así entonces, la ley, o el enjuiciamiento a los 18 imputados en la presente causa, es simplemente un juicio que acaba con un problema, pero que, sin embargo, no precave determinadas conductas para la posteridad y asimismo sobrepasa la capacidad del mismo derecho al tratarse muchas veces de conceptos morales, sustantivos que van más allá de la tan loada imparcialidad. Con ello, para finalizar, podemos comparar este enjuiciamiento con el de Eichmann donde, como dirá Arendt lo más grave, en el caso, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales, cometiendo sus delitos en circunstancias que casi impiden saber o intuir que se realizan actos de maldad.

 

Descripción

Publicación escrita por Julio Cortés Olmedo, Hernán Gómez Yuri y Violeta Purán Rosas, integrantes de la línea Cuerpos, Violencia y Memorias.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Cuerpos, Violencia y Memorias

Reseña

Tras cuatro décadas desde su planificación y materialización, la Operación Cóndor pasa hoy, en Argentina, por una etapa de enjuiciamiento que se distingue del resto de los procesos judiciales que han existido en el Cono Sur dado el nivel de organización entre los gobiernos dictatoriales y sus organismos represivos implicados en la Operación –y que el juicio busca develar-, como por la tipología de delito que se busca sancionar. El texto, por ende, propone evidenciar la forma en que se gestó la operación, el cómo los crímenes considerados de lesa humanidad importan un carácter eminentemente político y las implicancias del juicio, no sólo como medida de aplicación de la ley, sino como una forma de mantención y generación de la memoria.

Acerca de los autores

Julio Cortés Olmedo, es estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad de Chile, miembro de la línea “Cuerpos, Memorias, Violencias” del Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones. Contacto: cortesolmedo.julio@gmail.com

Hernán Gómez Yuri¸ es estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad de Chile, miembro de la línea “Cuerpos, Memorias, Violencias” del Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones. Contacto: hernan.gomez@ug.uchile.cl

Violeta Purán Rosas, es estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad de Chile, miembro de la línea “Cuerpos, Memorias, Violencias” del Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones. Contacto: violetapuran@hotmail.com

 

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